La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, LSSICE, tiene como objeto la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a:

• Las obligaciones de los prestadores de servicios, incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones.
• Las comunicaciones comerciales por vía electrónica.
• La información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos.
• Las condiciones relativas a su validez y eficacia.
• El régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales y la normativa reguladora de defensa de la competencia.

La LSSICE se aplica a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios que prestan.

Es aplicada en actividades como el comercio electrónico y en otros servIcios de Internet, siempre y cuando éstos sean una extensión de las actividades de la empresa.

La LSSICE permite la realización de comunicaciones comerciales mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos, siempre que puedan identificarse como tales y a la persona o empresa en nombre del cual se realizan o anunciante.

El envío de mensajes publicitarios o comunicaciones comerciales por medios electrónicos está permitido a aquellos usuarios que previamente hayan dado su autorización expresa o consentimiento para su recepción.

Además, el prestador debe ofrecer al usuario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales, de forma fácil y sencilla en el momento de recopilar sus datos personales y en todas y cada una de las comunicaciones comerciales al igual que la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento.

Es la manifestación de una voluntad libre, informada, específica e inequívoca por la que el interesado acepta el envío de comunicaciones comerciales.

El consentimiento expreso puede recabarse:

1. Durante un proceso de contratación o suscripción a algún servicio en el que el destinatario deba facilitar su dirección de correo electrónico. Se deben incluir en las condiciones generales de contratación una cláusula para la aceptación y consentimiento del destinatario a la recepción de comunicaciones comerciales.
2. Ofreciendo la posibilidad de facilitar su dirección de correo electrónico para recibir información comercial sobre productos o servicios mediante un formulario en el sitio web.

Sí. Aunque un sitio web no realice comercio electrónico, la LSSICE se aplica a toda actividad económica realizada por medios electrónicos.

En este caso sólo, una empresa sólo está obligada a facilitar en su sitio web los datos de información general establecidos en el artículo 10.

• Denominación social, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio, correo electrónico y cualquier otro medio que permita una comunicación efectiva.
• Datos de inscripción en el Registro Mercantil (si es el caso).
• Información sobre el precio, impuestos aplicables y gastos de envío.
• Códigos de conducta a los que la organización se encuentre adherido.
• Si se ejercen profesiones reguladas los datos básicos que acrediten su derecho a ejercer dicha profesión.
• Si la actividad se encuentra sujeta a autorización administrativa, los datos de la autorización y los del órgano encargado de su supervisión.
• Trámites para realizar la contratación.
• Medios técnicos para identificar y corregir los errores en la introducción de los datos, antes de confirmarlos.
• Idiomas para la contratación.
• Condiciones generales de contratación.

Sí. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la entidad que vela por el cumplimiento de la normativa de comercio electrónico y puede llegar a imponer sanciones en función del tipo de falta cometida.